Asociación Republiana Irunesa
"Nicolás Guerendiain"
Defensa de los valores republicanos y la recuperación de la memoria histórica

La represión en Irun • Presos iruneses en la cárcel de Ondarreta (1937-1947)

Fuente: Aiala Oronoz Mitxelena

Cárcel de Ondarreta
Cárcel de Ondarreta. Foto: Kutxateka, Marin, 1940

Introducción

A pesar del paso de los años y de la relativa apertura de las políticas sobre la recuperación de la memoria histórica, lo cierto es que a día de hoy, aún desconocemos el número de iruneses que sufrieron condenas por delitos de rebelión militar durante los años de la guerra y, posteriormente, durante la dictadura de Franco. La publicación, el 1 de abril de 1939, del último bando de guerra no presagiaba el final de la batalla para los afines al bando republicano, más bien, al contrario, cientos de miles de personas sufrieron directa o indirectamente la brutal represión de un régimen que ni perdonó ni olvidó el contra-alzamiento y que prolongó una situación posbélica, a base de publicar leyes, decretos y órdenes en un escenario legislativo que se adaptaba a las necesidades del régimen franquista. Después de la ocupación del estado por las tropas nacionales, vinieron las encarcelaciones, los procesos sumariales, los fusilamientos y las condenas, pero también una invasión de la vida pública y privada que terminó por saturar las cárceles españolas, en las que se aglutinaban, multiplicando en algunas prisiones hasta en ocho veces su capacidad, presos de la guerra, presos políticos, presos posteriores, presos gubernativos y un largo etcétera que sólo tuvieron salida en un entramado legislativo diseñado para hacer frente al colapso que se avecinaba.

Expedientes penitenciarios en el archivo histórico provincial de Gipuzkoa

Durante los años 2007 y 2008 se transfirieron desde el Centro Penitenciario de Martutene - San Sebastián, 14.385 expedientes penitenciarios con fechas extremas de 1887-1973, predominando los fechados entre 1936-1959, procedentes de la Prisión de Partido de Tolosa, de la Prisión de Partido de Azpeitia, de la Prisión Central de Mujeres de Saturraran y de la Prisión Provincial de San Sebastián. En el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa (Oñati) se encuentran, por lo tanto, algunos de los expedientes de los presos que estuvieron recluidos durante la guerra y la temprana posguerra en la cárcel de Ondarreta, oficialmente llamada, Prisión Provincial de San Sebastián. En este fondo se han identificado un total de 486 expedientes penitenciarios relativos a 464 iruneses que fueron ingresados en la Prisión Provincial de San Sebastián entre los años 1937 y 1947. La ausencia, en el archivo, de otra documentación relativa a la Prisión Provincial de San Sebastián, hace imposible determinar el número real de iruneses que pasaron por esta prisión y, por supuesto, documentar cualquier otra realidad que no haya quedado reflejada en los propios expedientes, como por ejemplo, el número de iruneses procesados y/o condenados por la justicia militar o el caso de fusilamientos, como los de Francisca y Faustina Ruiz García el 25 de marzo de 1938 tras haber sido encarceladas en la Prisión Provincial de San Sebastian.

Aunque los presos permanecieran en la Prisión Provincial de San Sebastian durante el tiempo en que se desarrollaba el proceso judicial, una vez fallada la causa, los expedientes eran trasladados a las diferentes prisiones a las que eran destinados los condenados para extinguir su condena, quedando sólo en algún caso aislado, alguna constancia de este traslado en el fondo documental referido a la Prisión Provincial de San Sebastián. Los expedientes que se han conservado, corresponderían, pues, como norma general, a aquellos presos que fueron puestos en libertad desde la propia prisión de San Sebastián.

Número de expedientes en el AHPG correspondientes a reclusos/as iruneses/as

NATURAL DE IRUN CON RESIDENCIA EN IRUN 165 36%
OTRA NATURALEZA CON RESIDENCIA EN IRUN 239 51%
NATURAL DE IRUN CON OTRA RESIDENCIA 605 13%
PERSONAS IDENTIFICADAS 464

Los expedientes penitenciarios ofrecen una información parcial en relación con el número de iruneses procesados y/o condenados por delitos relacionados con la rebelión militar, sin embargo, permiten obtener algunos datos sobre el peso de la jurisdicción militar en el contexto más amplio de la población reclusa irunesa. Los expedientes identificados comprenden un total de 510 procedimientos relativos a diferentes jurisdicciones y autoridades, de un total de 464 presos naturales de Irun, de los cuales 404 tenían su domicilio habitual en Irun en el momento en que fueron apresadas, detenidas o procesadas. Aunque también se han recogido los datos relativos a esos 60 presos naturales de Irun pero con domicilio habitual fuera de Irun, en este trabajo se documenta los datos relativos a los iruneses que tenían su residencia habitual en Irun: 371 hombres y 33 mujeres. De entre estos 404 presos iruneses se han identificado 432 ingresos penitenciarios, es decir, que el 6,5 por ciento de los ingresos corresponderían a presos que fueron recluidos al menos dos veces a consecuencia de diferentes procedimientos.

Distribución del número de los ingresos por jurisdicciones y autoridades

JURISDICCIÓN INGRESOS PORCENTUAL
JURISDICCIÓN MILITAR 256 59,2%
JURISDICCIÓN ORDINARIA 84 19,5%
DETENIDOS GUBERNATIVOS 79 18,3%
JUZGADO DE DELITOS MONETARIOS 6 1,4%
JUNTA ADMINISTRATIVA DE HACIENDA 6 1,4%
TRIBUNAL DE VAGOS Y MALEANTES 1 0,2%
432

La prisión provincial de San Sebastian

El Reglamento de los Servicios de Prisiones(1) destinaba las prisiones provinciales al cumplimiento de las penas de arresto y a la permanencia de detenidos y procesados durante la tramitación del sumario hasta la celebración del juicio oral y siempre que procedieran de la propia provincia de Guipúzcoa, después de lo cual se les trasladaría a una prisión de cumplimiento de pena. También cumplirían en la prisión provincial correspondiente al tribunal sentenciador (en este caso, al Tribunal Militar de San Sebastián), los sentenciados a quienes faltaran menos de seis meses para su total extinción, fuera cual fuera la pena que se hubiera impuesto. Lo cierto es que en la Prisión Provincial de San Sebastián (PPSS) extinguieron su condena presos condenados por delitos de rebelión militar fuera de la circunscripción de la sexta región militar, procedentes en su mayoría de las cárceles provinciales de Jaén y Madrid. La PPSS también se utilizó como prisión de concentración para los presos que fueron trasladados a Gipuzkoa para trabajar en los diferentes destacamentos penales que se implantaron entre los años 1942 y 1944. A su vez, y para descongestionar la PPSS, se habilitaron prisiones en Irun y en Donostia, esta última llamada “Zapatari” y también en las prisiones de Partido de Tolosa y Azpeitia se recluyeron presos condenados. En la PPSS fueron recluidos tanto hombres como mujeres -en la portada del expediente penitenciario de una irunesa se lee la anotación “Ojo. Ingresa con una criatura de 1 año y medio”(2) -. La prisión albergaba presos condenados, detenidos preventivos -tanto políticos como comunes, que estaban a la espera de la resolución judicial de sus causas por parte de los juzgados militares y los juzgados ordinarios-, presos detenidos por la fiscalía de tasas, presos en tránsito y un largo etcétera que aún queda por cuantificar y analizar. Una de las cuestiones que más incógnitas suscita es el de los detenidos “gubernativos”; personas encarcelados por orden y a disposición del gobernador civil y liberados igualmente por orden del mismo. Sin la intervención de ningún juez, el gobernador civil tenía la capacidad de encarcelar, en ocasiones con órdenes de incomunicar a sus detenidos, y excarcelar a su libre arbitrio. Para el caso de Irun el número de los detenidos “gubernativos” casi alcanza el de los presos encarcelados por delitos comunes. 67 personas, 56 hombres y 11 mujeres, ingresaron en prisión por orden del gobernador civil en 79 ocasiones. Los expedientes no arrojan mucha luz sobre las causas por las que estos iruneses fueron encarcelados. Exceptuando los 9 casos de cumplimiento de la prisión subsidiaria -a 1 día de prisión por 10 pesetas de multa- por haber sido condenadas, en origen, al pago de multas por delitos de circulación clandestina, contrabando y defraudación; 4 casos de expulsión de la provincia; otros 4 de traslados a otras prisiones y 2 de arresto, en el resto de los casos (75,94%) sólo se especifican las anotaciones de “detenido” o “preventivo”.

La jurisdicción militar

Como se ha visto anteriormente, el Reglamento de los Servicios de Prisiones disponía que en la PPSS permanecerían los detenidos y procesados durante la tramitación del sumario hasta la celebración del juicio y los sentenciados a quienes faltaran menos de seis meses para la total extinción de la pena. Sorprende, por lo tanto, la permanencia en la prisión de los 50 encarcelamientos por delitos de rebelión militar después de haberse celebrado el consejo de guerra y decretado la pena a cumplir.

Distribución del número de los ingresos por jurisdicciones y autoridades

ADHESIÓN A LA REBELIÓN MUERTE CONMUTADA POR RECLUSIÓN PERPETUA - 30 AÑOS 1
RECLUSIÓN PERPETUA - 30 AÑOS 7
AUXILIO A LA REBELIÓN 20 AÑOS 3
12 AÑOS Y 1 DÍA 29
ENTRE 20 AÑOS Y 12 AÑOS Y 1 DÍA 4
MENOS DE 12 AÑOS Y 1 DÍA 2
DESCONOCIDO 3
DESCONOCIDO REBELIÓN ABSUELTO 1
TOTAL 50

Por qué estos presos permanecieron en la PPSS y no fueron trasladados a otras prisiones de cumplimiento de pena es una cuestión a la que, evidentemente, los expedientes penitenciarios no responden. En cualquier caso, fuera por “favoritismos” o por omisiones administrativas, estos iruneses pudieron cumplir parte de su condena cerca de sus familiares y amigos, con la consecuente ventaja de poder contar con un soporte (dinero, alimentos) del que tantos presos no pudieron disfrutar. Decimos que estos presos cumplieron parte de su condena porque ya en abril de 1940, un año después de haber terminado la guerra, se comenzaron a tomar las primeras medidas para vaciar las cárceles de presos de la guerra. La redención de penas por el trabajo, el sistema por el cual el preso reducía (redimía) su condena por días de trabajo, fue una solución lucrativa tanto para el Estado como para las empresas privadas para las que trabajaron decenas de miles de presos, pero por sí misma no solucionaba el problema de la superpoblación reclusa en todas las cárceles del Estado. La solución pasó por adaptar la legislación penitenciaria a las necesidades del sistema penitenciario en un discurso que rezumaba la “generosidad” del generalísimo al tiempo que sostenía las directrices del Nuevo Estado. Con la Orden de 25 enero de 1940 se regularon y se establecieron las penas para los delitos relacionados con la rebelión militar, “con el fin de alejar, en lo humanamente posible, desigualdades que pudieran producirse y que de hecho se han dado en numerosos casos, en que por diversas causas ha faltado la uniformidad de criterio para enjuiciar y sancionar con penas iguales delitos de la misma gravedad”(3). No sólo para los que fueran juzgados a partir de la publicación de la Orden. La ley abarcaba retrospectivamente todos los delitos cometidos entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Pero incluso en esta tesitura, los consejos de guerra continuaron fallando por sistema penas de 30 años de prisión para el delito de adhesión a la rebelión y penas de entre 12 y 20 años para el de auxilio a la rebelión, que sólo en un “otrosí” eran propuestas para ser conmutadas por las que contemplaba la nueva ley. Los presos de la guerra, aún bajo la condición de condenados, comenzaron a salir de las cárceles a partir de estas conmutaciones en las formas de prisión atenuada, libertad condicional y la expresamente formulada “libertad condicional provisional”.

Evolución de los ingresos por tipos de delitos y procedimientos

Los consejos de guerra no cesaron ni al término de la guerra ni aún cuando ya se habían juzgado la mayor parte de los delitos asociados con la así llamada rebelión militar. El 12 de diciembre de 1943 fueron juzgados por un delito de “Ultrajes a la nación española y al sentimiento de su unidad” 17 hombres en consejo de guerra en San Sebastián. Entre ellos se encontraban los iruneses Julián Echeveste Galarza, Alfonso Echeveste Eizaguirre, Juan José Mirón Choperena y Rafael Muiño Marticorena que habían sido encarcelados en la PPSS a finales de enero de ese mismo año. En la sentencia se declaraba que todos ellos, “de antecedentes políticos separatistas, se reunieron el 3 de enero de 1943 en el Hotel Jauregui de Fuenterrabia para celebrar la despedida de soltero del hijo del dueño del establecimiento, Celestino Jauregui”. Al final de la comida se entonaron “diversas canciones en castellano y en vasco”, dándose a la reunión “un tono de exaltación nacionalista vasca” al iniciar el himno separatista, en protesta “cuando el dueño del local puso en una gramola el Himno Nacional”. Todo ello “motivó que alguno de los comensales que entendieron heridos sus sentimientos patrióticos se retirasen del local”. La sentencia apunta que “los procesados se encontraban en el momento de los hechos en ligero estado de embriaguez y la reunión se desenvolvió sin publicidad dentro del local que se destina a comedor”(4). Resultaron absueltos Julián Echeveste Galarza y Alfonso Echeveste Eizaguirre, que habían permanecido cerca de tres meses en la PPSS. El resto fueron condenados a un año de prisión y dos de inhabilitación para el ejercicio de cargos y funciones, con las accesorias de suspensión de cargo y derecho de sufragio durante la condena. En otra causa, el irunés Narciso Pujol Urtizberea junto a otros cinco procesados, fueron condenados en consejo de guerra, el 19 de junio de 1944, a seis meses de arresto mayor con las accesorias de suspensión de cargo y derecho de sufragio durante la condena y la inhabilitación para el ejercicio de cargos y funciones públicas durante cuatro años, como autores de un delito de “ultrajes encubiertos a la nación española” por “provocar” a principios del año 1940 “en distintas ocasiones” al requeté Ángel Velasco “con canciones injuriosas en las que mezclaron los gritos subversivos de Viva Rusia y Viva Azaña”(5). Otros hechos acaecidos también en contextos cotidianos y del todo alejados de las circunstancias de la guerra fueron juzgados en consejo de guerra bajo los delitos de “Manifestaciones contra el régimen”, “Injurias en contra del jefe del estado” y “Ejecución de actos con tendencia a ofender de obra a Fuerza Armada”. Otros delitos comunes, como el “hurto” y la “profanación de cadáver”, fueron juzgados en un contexto militar y al contrario, causas iniciadas en la jurisdicción militar fueron finalmente inhibidas a la jurisdicción ordinaria, como lo fue en el caso de los siete inculpados en delitos en contra de la seguridad política del estado que se dieron en los años 1945 y 1946.

Presos preventivos

El 11 de enero de 1940 se publicaba en el BOE una Orden Ministerial regulando las detenciones y las excarcelaciones. En su introducción se especificaban los motivos por los que se hacía necesaria esta regulación: “La magnitud de la criminal revolución roja ha producido a la Nación española situaciones que la legislación no podría prever y que no pueden ser reguladas, por su carácter circunstancial, de una manera definitiva”(6). En efecto, las circunstancias eran excepcionales. Ante la negativa de una amnistía general se hacía necesaria la inculpación de todos aquellos españoles susceptibles de ser condenados por la justicia militar, al tiempo que se empezaban a tomar medidas para vaciar las cárceles ante la situación de alerta que provocaba la aglomeración de detenidos y presos en todo el estado. De esta manera, la Orden continuaba afirmando que “Se hace preciso dictar normas que, si bien tienen que evitar la impunidad del culpable, ni produzcan daños ni ocasionen molestias superiores a los indispensables para restablecer el equilibrio jurídico”. La puesta en libertad de los presos ante la falta de ratificación de la prisión por parte de las autoridades que la ordenaron en los treinta días posteriores a la detención, aceleró la excarcelación de un buen número de iruneses. La situación de las prisiones se presentaba dramática a tenor de lo que disponían algunas medidas recogidas en la nueva orden, así por ejemplo, los jueces instructores (en el caso de Irun el juez militar especial de fronteras) no ratificarían la prisión cuando estimaran fundadamente “que la pena que pudiera imponerse no fuera superior a doce años y un día”.

Número de encarcelaciones preventivas por la justicia militar por diferentes resoluciones

PROCESOS SUMARIALES SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL 18
RESOLUCIÓN DESCONOCIDA 51
DILIGENCIAS PREVIAS SIN DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 31
RESOLUCIÓN DESCONOCIDA 42
PROCESO DESCONOCIDO DESCONOCIDO 38
TOTAL 180

De los expedientes penitenciarios conservados en el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa no se desprenden las causas por las que se instruyeron las diligencias previas y los procedimientos sumariales a estos 180 iruneses. El estudio de los sumarios en el Archivo Militar de Ferrol ofrecerá una visión más amplia sobre las circunstancias en las que fueron detenidos, las autoridades que ordenaron la detención y el ingreso en prisión y la autoridad bajo la cual quedaron “a disposición”. En cualquier caso, y a pesar de que la diferencia entre las “diligencias previas” y los “procedimientos sumariales” fuera, precisamente, la celeridad en el esclarecimiento de los hechos, los datos indican que los encausados en ambos tipos de procedimientos sufrieron indistintamente el mismo tiempo de reclusión e incluso en muchos de los casos, los detenidos “preventivos” sufrieron periodos de reclusión más largos que algunos de los iruneses que cumplieron su condena en la Prisión Provincial de San Sebastián. El número máximo de días de encarcelamiento que se ha identificado en el caso detenciones preventivas a iruneses, es el de Manuel Alzaga Aramburu, chófer de 37 años, detenido e incomunicado unos días después que Constantino Ibarbia Manterola, dependiente de agencia de aduanas de 39 años, el 31 de enero de 1938. Manuel Alzaga permaneció en prisión durante 1096 días a disposición del Juzgado Militar nº 7 de San Sebastián, antes de decretarse su puesta en libertad el 31 de enero de 1941. Constantino Ibarbia permaneció 728 días antes de ser puesto en libertad en situación de prisión atenuada el 27 de enero de 1940. En general, la mitad de los presos preventivos iruneses estuvieron recluidos por un tiempo superior a tres meses y el cuarenta por ciento del total permaneció en la Prisión de San Sebastián durante, al menos, más de medio año.

Número de presos por tiempo de reclusión en procedimientos de justicia militar

(1) Gaceta de Madrid, n. 325, de 21 de noviembre de 1930.

(2) AHPG, Fondo Martutene, 2850/25.

(3) Orden de 25 de enero de 1940 constituyendo en cada provincia una Comisión que se denominará de “Examen de penas”, BOE, n. 26, de 26 de enero de 1940, p. 662.

(4) AHPG, Fondo Martutene, 3569/4.

(5) AHPG, Fondo Martutene, 3632/60.

(6) Orden de 9 de enero de 1940 regulando las detenciones y encarcelamientos. BOE, n. 11, de 11 de enero de 1940, pp. 229.

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