Ley de la Memoria Histórica

Comunicado de la Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain” tras el “Pacto de desbloqueo” de la Ley de la Memoria Histórica

Irun, 25 de mayo de 2007

Después de haber leído y analizado el texto de dicho acuerdo, queremos exponer lo siguiente:

Este texto:

“...reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producida por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura.”

“declara la ilegitimidad de los Tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que durante la Guerra Civil, se hubieran constituidos para imponer por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.”

“Por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo del tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno y el tribunal de Orden Público (TOP)...”

“Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos... durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España...”

“La declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título de reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índoles económica o profesional...”

Analizando este acuerdo vemos lo siguiente:

1. Ponen al mismo nivel – injusto e ilegítimo – al gobierno Constitucional Republicano que intentaba mantener el Estado de Derecho y las libertades civiles, con los tribunales militares de los sublevados.
2. No se declara la ilegalidad de los tribunales del Franquismo, y consiguientemente la anulación de todos los juicios, incluyendo los del Tribunal de Orden Público. Tampoco dice nada de la responsabilidad de la fiscalía que surge del no cumplimiento, en el caso de las víctimas del franquismo, por el cual tiene la obligación constitucional de investigar todos los crímenes y, más aún, los que por su naturaleza pueden considerarse crímenes graves contra los derechos humanos o el derecho penal internacional.
3. La clave de este vergonzoso acuerdo es que se habla de ilegitimidad, o sea se busca una forma de que algo cambie para que todo siga igual. No se declara la ILEGALIDAD de la dictadura y sus tribunales. Tratan de crear confusión entre “ilegítimo” e “ilegal”, buscando hacerlos sinónimos cuando en derecho tienen una aplicación cualitativamente distinta. Según la declaración del Equipo Nizkor:

“Hay una norma en derecho que hace inválido e ilegal un acuerdo civil, una ley e incluso un acuerdo internacional y es lo que en derecho se denomina el principio de buena fe.”

“Pues bien, este acuerdo al que han llegado los grupos parlamentarios de IU y PSOE es inválido e ilegal porque viola el principio de buena fe”.

“Es obvio que el régimen franquista tiene un origen ilegítimo en cuanto proviene de un golpe de estado, pero este hecho –que es una condición suficiente- no es, por si sólo, el que define la ilegalidad del régimen franquista.”

“Este régimen fue, es y será ilegal y responsable de actos que se pueden considerar como crímenes contra la humanidad. Pero además, es parte del entramado filosófico y conceptual que promovió el fascismo en Europa.”

“Este acuerdo se basa en un acto esencial de mala fe al querer hacernos creer que si bien es ilegítimo, los actos del franquismo fueron legales y, por lo tanto, el Estado no tiene que asumir las consecuencias y reparar los daños.”

“Sería bueno que los artífices de esta manipulación conceptual nos explicaran cuales son los actos que pueden convertir en legítimo un golpe de estado en contra de un régimen democrático y que, según ellos, lo pueden llevar a ser legal.”

En el citado acuerdo no se citan el derecho a la justicia y el derecho a la verdad que es obligación de un Estado de Derecho. Este acuerdo incumple las normas internacionales de derechos humanos, y viola el derecho internacional. Aun así, no van a evitar que desaparezcan los problemas pendientes y, mucho menos, las obligaciones legales del Estado, que antes o después, éste deberá asumir, dado que las características de los crímenes cometidos por el régimen franquista reúnen las condiciones de imprescriptibilidad reconocidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por todo ello, desde nuestra asociación consideramos que este pacto en una puerta abierta a una “ley de punto final”. Una forma de legalizar la dictadura franquista y todos los actos que se cometieron contra miles de personas que dieron su vida en defensa de la República y que lucharon contra la dictadura sufriendo la muerte, la cárcel, el exilio etc.

Mostramos nuestro rechazo absoluto a este acuerdo y de nuevo , tal y como lo hicimos en la carta enviada en agosto de 2006 a todos los miembros del Gobierno y del Parlamento Español,  pedimos “vuelvan a reformular la Ley sobre la base de la Legislación Internacional de Derechos Humanos, sobre el Derecho emanado de los Juicios de Nüremberg y que ponga fin a la Impunidad de los Crímenes del Fascismo franquista, teniendo en cuenta la posición e indicaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor”.

CONTRA EL PACTO DE DESBLOQUEO
POR UNA VERDADERA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA
POR LA III REPUBLICA

Comunicado de la Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain” sobre la Moción debatida el miércoles día 27 de septiembre en el Ayuntamiento de Irun

Irun, 28 de septiembre, 2006

La Asociación Republicana Irunesa “Nicolas Guerendiain” quiere expresar su gran decepción ante lo ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de Irun el día 27 de septiembre.

En dicho pleno, nuestra asociación presentó una moción en la que proponíamos la necesaria reformulación del anteproyecto de la llamada Ley de la Memoria Histórica que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, pues su redacción actual constituye la pérdida de una oportunidad histórica para llegar a conocer la verdad de lo que fueron los crímenes franquistas, hacer justicia y reparar moralmente a todas las víctimas de tan injusto sufrimiento.

En nuestra ciudad, como en tantos sitios, sufrió esa represión: asesinatos en Pikoketa, ejecuciones de concejales tras las farsas de juicios militares, desapariciones forzadas como la de Nicolás Guerendiain, depuración de maestros y funcionarios, represalias económicas, etc. y por ello no entendemos como el PSE de Irun, que en su día tuvo entre sus filas a miles de personas represaliadas y asesinadas por el Régimen franquista, como Florencio Iratxeta concejal socialista del Ayuntamiento de Irun, ha podido boicotear nuestra moción, sacando otra alternativa “descafeinada”, con la intención de ocultar el fraude que supone la actual ley.

Una ley que elude la obligación que tiene la administración, según las leyes internacionales en la búsqueda, identificación y exhumación de desaparecidos forzosos, negándose a hacer justicia anulando todos los procesos-farsas de tribunales franquistas, y sin una autentica reparación para todos los ejecutados durante el franquismo.

Queremos decirle al PSE de Irun, sin ningún animo de revancha, que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca, y negarse a su esclarecimiento constituye una violación “per se”, permanente y sistemática de los derechos humanos, en cuyo escrupuloso respeto debe basarse una verdadera democracia.

Desde nuestra Asociación queremos expresar nuestro rechazo a esta ley y decir que seguiremos luchando, aunque nos dé la espalda el gobierno del PSOE y su grupo en Irun, para que se reconozca y restituya la memoria de los que defendieron el régimen republicano democráticamente elegido.

Moción presentada al Ayuntamiento de Irun el 27 de septiembre de 2006 sobre la Ley de la Memoria Histórica

Irun, 27 de septiembre, 2006

Con motivo del anteproyecto de ley de Memoria Histórica en tramite en el Congreso de los Diputados, y titulado “Reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de las personas que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista”, la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, presenta al ayuntamiento de Irun la siguiente

MOCIÓN

Resultando, que el proyecto de ley no asume la obligatoriedad que tiene la administración en la labor de exhumación e identificación de los desaparecidos durante la guerra civil y la posguerra, de acuerdo con Articulo 2,2 de la resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1.992, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Resultando, que el proyecto plantea la ampliación de ayudas y derechos económicos a quienes sufrieron persecución durante el franquismo, lo que constituye un avance, pero limitando este reconocimiento en cuanto a fallecidos sólo a partir del año 1.968 , excluyendo injustamente a quienes fueron asesinados en fechas anteriores.

Resultando, que no plantea la nulidad de los sumarios de los Tribunales Militares franquistas que llevaron a campos de concentración, cárceles, destierro y ejecuciones sumarísimas a miles de españoles injustamente condenados.

Resultando, que no plantea la devolución de patrimonio a las víctimas de expropiación forzosa: particulares, partidos políticos, sindicatos, periódicos, centros culturales, etc., así como de las incautaciones y multas amparados por leyes injustas, tribunales ilegítimos y sentencias aberrantes.

Resultando, que renuncia a plantear sanciones a empresas y particulares que se enriquecieron con el trabajo esclavo de cientos de miles de prisioneros políticos, de tal manera que las ayudas económicas saldrán exclusivamente del bolsillo de los contribuyentes.

Considerando, que la legislación internacional considera no prescritos los crímenes de guerra y contra la humanidad con los que el régimen franquista logró imponerse ilegítimamente gracias a la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, como reconoció la Asamblea General de la ONU en su declaración de 1.946.

Considerando, que este proyecto de ley, en el 70 aniversario de la sublevación militar contra el régimen republicano establecido democráticamente, que originó la guerra civil y posterior dictadura franquista, constituye una oportunidad histórica para reparar moralmente a las víctimas de tan injusto sufrimiento.

Considerando, que para asentar un futuro de convivencia democrática resulta ineludible actuar con sentido de la justicia, que implica el conocimiento de todos los hechos, el restablecimiento de la verdad, y el reconocimiento y restitución moral a todas las víctimas que sufrieron por defender la república y las libertades democráticas.

El Pleno de la Corporación, toma el siguiente acuerdo:

1º.- Demandar al Gobierno del Estado la retirada del anteproyecto de ley titulado “Reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de las personas que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista".

2º.- Requerir al Gobierno la reformulación de la ley sobre la base de la Legislación Internacional de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la posición e indicaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor, con una nueva redacción:

• En que la administración se comprometa a poner todos los medios para la labor de exhumación e identificación de los desaparecidos durante la guerra civil y posguerra.
• Se amplíe las ayudas y derechos económicos también a los herederos familiares de los ejecutados y asesinados independientemente de la fecha.
• Se proceda a la anulación de todos los sumarios establecidos por los Tribunales Militares franquistas.
• Plantee la devolución de patrimonio a todas las personas e instituciones que fueron víctimas de expropiación, incautaciones y multas fruto de la represión política franquista, y en su defecto a sus herederos.
• Se planteen sanciones a empresas y particulares que se enriquecieron con el trabajo de prisioneros políticos.

3º.- Notificar este acuerdo a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Carta enviada a los miembros del Congreso de los Diputados

Irun, 17 de agosto de 2006

Sr./Sra. Diputado/a

Ante el Proyecto de Ley presentado por el gobierno por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de las personas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain” quiere expresar lo siguiente:

La Ley da el mismo tratamiento a las personas que defendieron el régimen republicano, y a las personas que lo violentaron apoyando el golpe de Estado que originó una dictadura durante 40 años.

Con respecto a la búsqueda de desaparecidos, durante la guerra civil y la posguerra, la propuesta del Gobierno insta a las distintas administraciones a facilitar la exhumación e identificación de los desaparecidos pero no asume las responsabilidades que tiene al respecto y que figuran en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992  que en su Artículo 2.2 dice:

"Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzadas" .

Por otro lado, la Ley propone la ampliación de ayudas y derechos económicos a diversos colectivos que no fueron plenamente incluidos en leyes anteriores. Este hecho implica reconocer el insuficiente alcance de las Leyes anteriores, lo que constituye un avance, sin duda, pero el contenido de la Ley no afronta el problema ya que plantea el reconocimiento a fallecidos durante el franquismo solo desde el año 1968. Igualmente renuncia a sancionar a las empresas y particulares que se enriquecieron con el trabajo esclavo de cientos de miles de prisioneros políticos, de forma que las ayudas económicas saldrán exclusivamente del bolsillo de los contribuyentes. La Ley no devuelve su patrimonio a los cientos de miles de españoles perseguidos por sus ideas democráticas despojados por las incautaciones, multas y robos amparados por leyes injustas, tribunales ilegítimos y sentencias aberrantes.

La Ley olvida la legislación internacional que considera no prescritos los crímenes de guerra y contra la humanidad con los que el régimen franquista logró imponerse ilegítimamente sobre territorio nacional gracias a la ayuda de la Alemania Nazi y la Italia fascista como reconoció la Asamblea General de la ONU en su declaración de 1946. Por otro lado no declara la nulidad de los sumarios de los Tribunales Militares franquistas que llevaron a los campos de concentración, a las cárceles, el destierro y el asesinato en ejecuciones sumarísimas a miles de españoles, a la vez que considera un problema individual y no colectivo la lucha por la restitución moral de los injustamente condenados, exigiendo a los ya escasos supervivientes pasar por un nuevo juicio y a reunir por sus propios medios la documentación probatoria. Esta propuesta entraña un desprecio y una crueldad simbólica incomprensible que sólo podemos rechazar con la máxima energía.

Tampoco contempla ninguna acción que impida y persiga la negación del genocidio franquista y el carácter criminal del estado impuesto a través del Golpe del 18 de Julio y la Guerra Civil que lo implantó.

La Ley propuesta implica un reconocimiento explícito de la Legalidad nacida de la aplicación del Terror Fascista y protege los nombres de los verdugos. Al mismo tiempo considera como crímenes las acciones legales llevadas a cabo por los Tribunales republicanos en aplicación de la Ley contra los golpistas.

La Ley contempla la retirada de aquellas placas, insignias y otras menciones conmemorativas de la Guerra Civil cuando exalten a uno solo de los bandos, lo que puede significar que las numerosas placas y monumentos colocados en recuerdo de los defensores de la República y de los asesinados por el fascismo podrían ser retiradas legalmente.

En cambio, en cuanto al Valle de los Caídos, símbolo de la glorificación del franquismo, desaprovecha una gran oportunidad para crear en él un centro de estudio sobre la guerra civil de carácter público y estatal que cuente quiénes, cómo y porqué fueron obligados a construirlo 14.000 presos políticos republicanos. No nos parece comprensible que permanezcan en él los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un mausoleo financiado por todo el pueblo.

Tampoco nos parece comprensible que no se inste a la Iglesia a retirar las placas de los caídos por Dios y por España que permanecen en muchas iglesias católicas exigiendo las mismas condiciones que con cualquier otra institución que recibe subvenciones y dinero público.

Por todo ello, rechazamos el anteproyecto de Ley y pedimos a todas las fuerzas políticas presentes en las Cortes y a todos los diputados y diputadas que participen de valores democráticos y rechacen de corazón cuanto significó el régimen franquista, que voten la devolución de la Ley.

Pedimos al gobierno y al partido que lo apoya que tengan el valor de reformular la Ley sobre la base de la Legislación Internacional de Derechos Humanos, sobre el Derecho emanado de los Juicios de Nüremberg y que ponga fin a la Impunidad de los Crímenes del Fascismo franquista, teniendo en cuenta la posición e indicaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor.